IZQUIERDA ANTICAPITALISTA PUERTOLLANO

Ante una normativa sobre el aborto que:

1. Condiciona la decisión de la mujer respecto a la interrupción de su embarazo a la opinión y decisión de terceras personas.
2. Genera gran inseguridad jurídica a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y a las y los profesionales sanitarios que realizan las intervenciones, como lo demuestra la sucesión de denuncias y juicios que a lo largo de estos 23 años de vigencia de la normativa se han producido, al considerar el aborto como un delito solo despenalizado en unos supuestos.

3. Deja desprotegidas a las mujeres y profesionales frente a la actuación de organizaciones mal llamadas “pro-vida” y a la de los sectores políticos y judiciales que tratan de imponer las lecturas más restrictivas de la ya restrictiva ley, culpabilizar a las mujeres y deslegitimar su opción de interrumpir su embarazo.

4. Dificulta el acceso al aborto, estableciendo barreras económicas y sociales ante la ausencia de centros públicos en los que poder interrumpir el embarazo y ante la falta de mecanismos ágiles y normalizados de información.

5. Sitúa la práctica del aborto dentro de la red sanitaria pública en el marco de la marginalidad, obligando a que prácticamente todas las mujeres (93%) tengan que recurrir a la red privada para interrumpir su embarazo. Se permite la inhibición de las instituciones sanitarias y no se regula la objeción de conciencia propiciando su extensión sin límites (en todo momento y en cualquier circunstancia), convirtiéndola en un elemento de presión que obstruye el derecho fundamental a la asistencia sanitaria de las mujeres en la sanidad pública.

6. Favorece la inhibición de los profesionales de la red pública, y deja indefensos a quienes practican los abortos tanto en la red pública como en la privada, al no establecer garantías y protocolos que los respalden.

7.Propicia el desarrollo de desigualdades entre las Comunidades Autónomas y dentro de las propias Comunidades, generando situaciones de fuerte inequidad para el acceso de las mujeres al aborto.

8. No viene acompañada de medidas preventivas en salud sexual y salud reproductiva, como lo demuestra que el 63% de las mujeres que abortan no hayan accedido previamente a una consulta en salud reproductiva.

Consideramos que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de seguridad y legalidad, adoptando las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectivas. Por ello,

reclamamos:

1. Un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.

2. Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.
Esta decisión puede venir motivada por muy distintas circunstancias: riesgo para su salud, malformación fetal, u muchas otras cuestiones que afectan a su bienestar físico y emocional y a su proyecto de vida. Cuestiones sobre las que solo la mujer puede determinar su valor e importancia para su vida. Debiendo respetar el carácter soberano de su decisión que no puede ser impuesta externamente por nadie.

3. El reconocimiento de este derecho preciso y claro, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios.
Consideramos por tanto que la existencia de comisiones especiales de verificación de la decisión tomada por la mujer suponen un cuestionamiento de su capacidad ética para adoptar decisiones sobre su vida.

4. El establecimiento de protocolos sencillos que faciliten, en los centros de salud, una información clara, veraz y completa sobre el aborto, y la agilidad de los trámites que tiene que realizar la mujer para solicitar la atención en la red sanitaria pública, de modo que no se demoren los plazos para la intervención.

5. La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extrahospitalaria pública de forma que se garantice el carácter universal de este derecho, y se normalice como prestación sanitaria. Las interrupciones de embarazos de menos de 12 semanas se podrán realizar en los centros de atención primaria o especializada, evitando así el coste de la hospitalización y garantizando una mayor accesibilidad de las mujeres.

6. La garantía de que en los Centros de salud públicos se ofrece tanto el método de interrupción del embarazo quirúrgico como farmacológico (RU-486), respetando así el derecho a la información y elección del método de la mujer.

7. El respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican los abortos tanto en la red pública como en la red privada.

8. Una regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites. Texto que deberá ir acompañado una disposición que establezca la imposibilidad de objeción por parte de Instituciones y Administraciones y que garantice que todos los centros públicos dispongan de los equipos de profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres, haciendo pública la relación del personal objetor y garantizando que el nuevo personal contratado no se acoge a esta figura.

9. La puesta en marcha por parte de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas de planes formativos a profesionales para su capacitación en la práctica de interrupción del embarazo.

10. La modificación de la ley 41/2202 que regula la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, derogando la cláusula que restringe los derechos de las menores en caso de aborto y que establece una cláusula de tutela sobe el consentimiento de la menor en este supuesto.

11. El desarrollo de políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos que:
Introduzcan en el currículo escolar la educación afectivo-sexual.
Aseguren el acceso a todos los métodos anticonceptivos dentro de la Seguridad Social.
Atiendan las particulares necesidades en materia de sexualidad y anticoncepción de las y los jóvenes.
Garanticen que se presta una atención de calidad en salud sexual y reproductiva en los centros de la red sanitaria pública.

ABORTO LIBRE Y SEGURO. UNA EXIGENCIA DE JUSTICIA SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Con motivo del próximo 28 de septiembre. Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, las redes, articulaciones, campañas y organizaciones de mujeres de la región, emiten la siguiente Declaración Pública:

Más de 4 millones de latinoamericanas y caribeñas abortan cada año y la mayoría lo hace clandestinamente, arriesgando su vida y con temor de ser encarceladas. Esto implica un grave daño a su salud física y mental, y constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la salud, la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación, a estar libres de torturas y daños, a la libertad de pensamiento y religión, y al control de su propia fecundidad.

No habrá democracia ni desarrollo humano sostenible en nuestras sociedades mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por esta causa y sean objeto de condenas y castigos, lo que convierte al aborto inseguro en un grave problema de justicia social.

De esto son responsables:

Los Estados que no garantizan a las mujeres una maternidad voluntaria, ni respetan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo la libertad de opción.

Las iglesias que intervienen y atentan contra el Estado laico.

Los legisladores que se niegan a despenalizar y siquiera a debatir.

Los proveedores de servicios que denuncian y maltratan a mujeres hospitalizadas por abortos inseguros.

Los jueces que las procesan y condenan.

La sociedad que calla y permite.

Son culpables de imponer a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sin reconocerles autonomía de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos soberanos, negándose a comprender que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, enfermedades de la mujer o gestaciones de fetos con graves malformaciones, entre otros motivos.

Frente a ello, reclamamos el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Solo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, acabará también el drama de las muertes maternas por esta causa y se resguardará la salud y vida de las mujeres, al igual que el bienestar de sus familias. La maternidad no se impone por leyes castigadoras, las que han demostrado ser inútiles para evitar los abortos clandestinos. Tampoco se impone por dogmas ni doctrinas religiosas, los que ignoran e irrespetan la libertad humana y la diversidad de creencias.

Las mujeres somos sujetas de derechos con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a nuestras realidades y proyectos de vida, incluyendo la decisión de abortar o de ser madres, de tener hijos o de no tenerlos. Exigimos que todos los actores sociales y el Estado respeten nuestra autonomía sexual y reproductiva, y se nos brinde la información y los medios para ejercerla sin riesgos. Esto debe abarcar: acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia; educación sexual laica y humanista; acceso a abortos seguros, legales y con alta calidad de la atención; condiciones sociales y estructurales adecuadas para vivir una maternidad voluntaria, protegida y gozosa, si optamos por ella.

Solo de esta forma serán respetados los derechos consagrados en el sistema internacional de derechos humanos, al igual que los históricos consensos de las Conferencias de El Cairo y de Beijing. Y asimismo podrán concretarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, en especial en lo relativo al empoderamiento de las mujeres, la equidad de género, y el enfrentamiento del drama de la mortalidad materna que continúa presente en la primera década del siglo 21.

Aun cuando la penalización del aborto persiste en la mayor parte de la región, vemos con esperanzas que se han producido algunos avances significativos en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva. El más reciente fue en México, en el contexto del Distrito Federal, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo hasta el primer trimestre. Y el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia liberalizó la legislación al permitir el aborto por riesgo a la salud y vida de la mujer, en casos de violación y por graves malformaciones fetales. Esto demuestra que es posible encontrar respuestas favorables a nuestra demanda histórica por una maternidad voluntaria como derecho humano sexual y reproductivo.

Sylviane Dahan / Revolta Global

En 1979, Heidi Hartmann, en aquella época una conocida feminista marxista americana, publicó un artículo con el título elocuente de “El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo”. Unos años más tarde, la activista francesa Josette Trat publicó otro artículo con un título igualmente significativo: “Los desencuentros del feminismo y el movimiento obrero”. Efectivamente: la historia de las relaciones entre el feminismo y el movimiento obrero ha sido turbulenta y tempestuosa, una especie de relación pasional.

Con respecto al siglo XX, hay que señalar de entrada una gran responsabilidad de la burocracia estalinista en ese encuentro a menudo fallido. En su obra “La Revolución Traicionada”, Trotski dedica todo un capítulo al triunfo de Termidor en el seno de la familia. No es en absoluto una casualidad si la contrarrevolución burocrática ha tenido como uno de los ejes fundamentales de su avance la negación progresiva de los derechos de las mujeres y de las libertades sexuales conquistadas unos años antes. Una breve cronología permite medir el alcance de la regresión que el ascenso de la casta burocrática representó para el conjunto de la sociedad soviética. En 1933, se vuelve a instaurar el delito de homosexualidad. En 1936, se suprime el derecho a abortar durante el primer embarazo. En 1941, se introduce una tasa sobre el celibato y se aumentan los gastos del divorcio. Finalmente, en 1944, el aborto legal queda totalmente abolido.

Esta deriva tuvo unas consecuencias muy graves en el seno de los partidos comunistas de todo el mundo, formados en la disciplina de la tercera internacional. Los ejemplos son numerosos. A partir de los años treinta, el PC francés asume posiciones declaradamente antiabortistas y de defensa de la familia. En 1949, cuando aparece el libro “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir, el PCF reacciona declarando que se trata de un escándalo y, Jean Kanapa, uno de los intelectuales más destacados del partido, tilda la obra “de inmundicia”. La nueva izquierda de los años sesenta y setenta mostró un talante más abierto; pero no faltaron las fricciones, sobre todo a partir del momento en que una nueva oleada feminista se afirma, y las mujeres empiezan a tomar la palabra en primera persona (y ya no se conforman con ser las invisibles hadas que hacen funcionar multicopistas y máquinas de escribir, tareas militantes a las que la devoción y el espíritu de sacrificio que se suponía característicos de las mujeres parecían predisponerlas y, al fin y al cabo, relegarlas efectivamente). En Italia, en diciembre de 1975, un grupo de militantes de lo que fue en aquellos años una de las más fuertes organizaciones de la extrema izquierda europea, Lotta Continua, agredió una manifestación separatista de mujeres gritando: “¡Ahora, ahora! Sólo la mete quien trabaja!”. Unos meses más tarde, el conflicto entre las mujeres y los dirigentes de Lotta Continua aceleró la disolución de la organización. Otro ejemplo, esta vez venido de la otra lado del océano: Stokeley Carmichael, uno de los líderes de los Black Panters, en el transcurso de una entrevista, a la pregunta del periodista “¿Cuál es la posición que adoptan las mujeres en vuestra organización”?, responde: “Se ponen a cuatro patas”. Naturalmente, se trataba de una broma… pero de un pésimo gusto.

En general, la acusación que se lanzaba contra el movimiento feminista era que amenazaba la unidad de la clase obrera. De hecho, el feminismo separatista surge en gran medida como una reacción ante esta actitud de desprecio por parte de las organizaciones del movimiento obrero. Sin embargo, la historia de las relaciones entre feminismo y movimiento obrero no se reduce sólo a estos acontecimientos.

Históricamente, el feminismo surge en conexión con la revolución burguesa. Pero, casi desde el principio, se encuentra ante el fenómeno de un naciente movimiento obrero. De hecho, los momentos de ascenso del movimiento obrero crean en gran medida las condiciones para que las mujeres empiecen a tomar la palabra. Hay que recordar que los primeros socialistas, como Fourier, ya se interesaron por la cuestión de la opresión que sufrían las mujeres. Hitos históricos, como el levantamiento de la Comuna de París, no sólo han visto irrumpir a las mujeres en las primeras filas de la lucha revolucionaria, sino que han dado figuras de la talla de Louise Michel, en muchos terrenos adelantada sobre el pensamiento progresista y emancipador de su época. La poderosa socialdemocracia alemana, a través de dirigentes como August Bebel y Clara Zetkin, fue introduciendo la reivindicación feminista en la tradición de la izquierda europea. Pero, sin duda alguna, la revolución rusa constituyó el momento de mayor liberación de las mujeres, y no sólo puntualmente. El Código de la Familia adoptado por la joven República soviética desde el año 1918 ya reconocía el divorcio, las parejas de hecho, y ponía fin a la secular autoridad del hombre al frente de la familia. Acto seguido, en 1920, vendrían la legalización del aborto, la instauración de la igualdad salarial y muchas otras conquistas…

Marxismo y feminismo

Este breve recordatorio muestra con suficiente que las relaciones entre movimiento obrero y feminismo no representan en absoluto una cuestión resuelta, sino más bien un vínculo que necesita todavía ser construido. Y eso es válido también con respecto a las relaciones teóricas entre marxismo y feminismo. Sobre todo a partir de los años 70, se ha ido elaborando una nueva categoría, el género, que permite poner de relieve el carácter social, histórico y simbólico de las relaciones jerárquicas y de poder establecidas entre los sexos. Mientras el sexo se puede referir a una distinción de carácter biológico (la diferencia entre los órganos reproductivos), el género representa una construcción al mismo tiempo simbólica, social, cultural y también política. El género, por otro lado, constituye una noción que ha ido modificándose a lo largo de la historia. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿como reunir o combinar clase y género?

Engels llevó a cabo la primera tentativa orgánica de analizar, utilizando las categorías marxistas, la problemática de la opresión de las mujeres en su célebre obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. Su mérito principal es haber reconocido la especificidad de la opresión de las mujeres, así como la centralidad del papel de la familia en la perpetuación de esta opresión. Los límites de la reflexión de Engels radican, sin embargo, en la identificación que establece entre la opresión de las mujeres y su exclusión de la esfera de la producción, y en la asociación – demasiado mecánica – que hace entre esta opresión, el surgimiento de la sociedad dividida en clases y la propiedad privada de los medios de producción. Más tarde, en el transcurso del siglo pasado, hemos conocido una profunda distorsión de las posiciones de Engels por parte de algunos teóricos de “socialismo realmente existente”. Así pues, la liberación de la mujer sería el resultado automático de la abolición de la propiedad privada, de la plena ocupación femenina y de la supresión de la familia (¡Engels hablaba de la extinción de la institución familiar, y no de su supresión burocrática!). La historia del siglo XX ha demostrado de modo fehaciente que la superación del capitalismo constituye una condición necesaria, pero no suficiente para la liberación de las mujeres.

Alexandra Kollontai realizó, por su parte, una de las primeras tentativas marxistas de abordar la cuestión de la opresión femenina, no desde un punto de vista economicista, sino teniendo en cuenta la complejidad de la problemática de las relaciones de opresión y de poder que subyacen en los vínculos personales entre los sexos. Si bien en un sentido completamente opuesto a ese enfoque, la categoría de clase también ha sido aplicada a las relaciones entre sexos por parte de algunas corrientes feministas modernas. Así, para una conocida autora como Christine Delphy, hombres y mujeres constituyen dos clases en conflicto, dado que hay una relación de explotación entre ambos sexos – pues los hombres se apropian el trabajo de las mujeres.

Género y clase

No se trata de superponer ni de confundir esas dos categorías, género y clase, sino más bien de comprender cómo podemos relacionarlas con el fin de suministrar un instrumento de mayor alcance para la comprensión de la realidad, un utensilio político y de organización de una clase que no puede ser entendida como si se tratase de una realidad monolítica, carente de articulaciones internas. ¿Cómo utilizar pues la noción de género (conjugándola con la categoría de clase) para entender el capitalismo, la globalización, las relaciones de poder? ¿Y para elaborar programas políticos y de lucha que reúnan necesidades y respuestas a opresiones diversas?

A modo de ejemplo, podríamos decir que la categoría de género se convierte en fundamental para entender todo el proceso de la moderna globalización capitalista. En el marco de este proceso, hemos asistido a una profunda transformación de la clase obrera, con un crecimiento exponencial de la fuerza de trabajo femenina – principalmente en la industria manufacturera y en el sector de los servicios. Podemos constatar igualmente la creación de nuevas correlaciones internas en el seno de la fuerza de trabajo, según los sectores de producción y de distribución: hasta tal punto que la presencia masiva de mujeres en este o aquel ramo constituye un indicativo para comprender la ubicación de estos sectores en la organización mundial de la producción. Con respecto al funcionamiento de las jerarquías, es sabido que el capitalismo establece diferentes categorías en el seno de la fuerza de trabajo. ¿Sin embargo, cómo se reproducen? ¿Quién ocupa los diferentes niveles de la jerarquía y por qué? Aquí, la referencia de clase no nos ayuda mucho. Tenemos que recurrir a la noción de género, a los conceptos de opresión racial, religiosa o nacional. Y, finalmente, podemos reconocer en el género un instrumento fundamental para la comprensión de la manera en que el capitalismo se reproduce en el plano ideológico.

Tomemos el caso de la familia. Bajo el régimen capitalista, se manifiestan dos tendencias contradictorias. Por una parte, como ya lo señalaba el Manifiesto Comunista, el capitalismo tiende a romper los vínculos sociales preexistentes; pero, al mismo tiempo, se aúna con las estructuras y opresiones precedentes, y acaba poniéndolas a su servicio. Así, podríamos decir que el capitalismo ha empezado topando, después ha hecho las paces y, finalmente, se ha entrelazado con el patriarcado. Consagrando a la familia moderna como institución, el capitalismo ha utilizado como palanca la estructura patriarcal precedente, la ha modificado y, en última instancia, la ha hecho suya. En la sociedad capitalista, la familia cumple dos funciones primordiales: la reproducción de la fuerza de trabajo (estableciendo una neta separación entre la esfera de la reproducción y el ámbito de la producción), y la reproducción ideológica del capitalismo. (Desde este punto de vista, resulta muy interesante el análisis del filósofo esloveno Slavoj Zizek sobre el mito de la felicidad familiar, profusamente desarrollado por la industria cinematográfica de Hollywood).

¿Qué pasa entonces bajo la globalización? Pues que las mujeres se encuentran plenamente inmersas en el mercado laboral. Y eso podría comportar una crisis del orden social del cual son garantes las estructuras patriarcales. El desguace neoliberal del estado del bienestar condena las mujeres a hacerse cargo del trabajo de cuidado (de los niños, de los enfermos, de la gente mayor…) y al mismo tiempo a participar del trabajo productivo. Eso tiene como consecuencia que, si bien las mujeres podrían devenir más independientes gracias a su acceso al mundo laboral, permanecen no obstante dolorosamente cautivas de las relaciones patriarcales – unas relaciones que sirven políticamente al capitalismo – a través del fortalecimiento de la familia.

Conclusión

El feminismo de estos últimos años ha puesto el acento sobre toda una serie de aspectos, como la deconstrucción del género, utilizando el psicoanálisis y otros estudios culturales. Se trata, desde luego, de contribuciones significativas, que completan algunas carencias del enfoque marxista. Sin embargo, el problema de fondo subsiste: ¿es posible alcanzar una liberación de las mujeres que no pase por una liberación del capitalismo? A menudo, los límites de estas teorías consisten en el hecho de infravalorar o incluso ignorar esta pregunta. El socialismo es necesario para la liberación de la opresión de género. En primer lugar, porque hay que abatir el capitalismo si queremos crear las condiciones de la emancipación del yugo patriarcal. Pero también porque resulta indispensable rebasar la división entre la esfera de la producción y la de la reproducción, así como democratizar radicalmente el conjunto de la sociedad y de las relaciones de producción.

Este texto ha sido confeccionado a partir de la ponencia presentada por nuestra compañera Cinzia Arruzza, miembro de Sinistra Critica, en la sesión de formación de la jornada consagrada al feminismo, durante el 25º Campamento de Jóvenes de la IV Internacional. Me han parecido interesantes el enfoque y la reflexión que hace Cinzia en torno a un problema que tenemos sobre la mesa: cómo existir políticamente en tanto que mujeres y en tanto que marxistas en el seno de la izquierda, nosotras que aspiramos a ser libres de toda opresión. Sabemos muy bien el sufrimiento que ha supuesto – y supone todavía – para numerosas mujeres el hecho de sentirse incomprendidas, asediadas o excluidas de los ámbitos de elaboración y decisión de las organizaciones políticas, sindicales o de los movimientos sociales en que militan por parte de compañeros – pero también de compañeras. Los rasgos misóginos, sectarios y machistas – y a veces la más pura estupidez humana – tampoco han sido ajenos a la vida interna de diferentes corrientes de la extrema izquierda europea; corrientes a las que, sobre todo después de 1968, no pocas mujeres se acercaron deseosas de cambiar este mundo, y donde a menudo han sido acusadas de fomentar la división del movimiento… ¡justamente cuando se sublevaban contra la especificidad de la opresión femenina! Como gritaban las y los jóvenes que participaban en los campamentos: “¡Sin las mujeres, no hay Revolución!”. Eso quiere decir ser leales al movimiento feminista, aceptando su pluralidad, y al mismo tiempo ser fieles a nuestra clase, que también es plural. Tenemos que luchar por un movimiento internacionalista y feminista fuerte. Nos toca hacer pedagogía y convencer a todo el mundo de que la lucha por la emancipación de las mujeres sigue estando a la orden del día. La historia demuestra que siempre hemos luchado junto a nuestros compañeros para acabar con el capitalismo; pero también que con eso no ha habido bastante. La revolución necesita la eliminación de TODAS las opresiones.